Experiencias internacionales sobre veeduría ciudadana en procesos de selección de magistrados de altas cortes

Ecuador

En el año 2004 la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo realizó el Proyecto de Monitoreo del nombramiento de magistrados y jueces de la Corte Suprema de Justicia, ello con el fin de procurar que el proceso de designación respondiera a los lineamientos de un sistema de justicia eficaz y eficiente, para lo cual se desarrollaron observatorios en los que se vigiló que los candidatos cumplieran con los requisitos legales y de idoneidad correspondientes a dichos cargos. (http://www.cld.org.ec)


República Dominicana

En los años 1997 y 2001 la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), en asocio de algunas organizaciones de la sociedad civil, tales como el Movimiento Cívico Participación Ciudadana, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Asociación Dominicana de Abogados Empresariales, Centro Juan Montalvo, Centro Dominicano de Asistencia e Investigaciones Sociales (CEDAIL), Consejo Nacional de la Empresa Privada, Asociación Dominicana de Industriales de la República Dominicana, etc., constituyendo la Coalición por una Justicia Independiente, realizaron un acompañamiento ciudadano con el fin de vigilar el proceso de elección de los miembros de la Corte Suprema.


Según el Director Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), señor Carlos R. Salcedo C., la "Coalición por una Justicia Independiente" se caracteriza e implica lo siguiente:


- Articulación de un equipo amplio de organizaciones y personas que divulguen y difundan las iniciativas, mediante talleres jornadas de sensibilización, etc.

- Elaboración del perfil deseado para los candidatos.

- Participación activa de la ciudadanía para lograr transparencia en el proceso de elección y eco a la iniciativa en el Poder Judicial.

- Acción de dialogo y comunicación integral, antes que de enfrentamiento y controversia.

Carlos R. Salcedo C. en "Iniciativas de la Sociedad Civil para la Transparencia en el Sector Judicial". Fundación para el Debido Proceso Legal (The Due Process of Law Foundation). 2003. ISBN 0-9674696-3-5

Guatemala

En este país centroamericano existe desde 1999 el Movimiento Pro Justicia como "... un espacio de participación ciudadana donde confluyen... organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la impunidad en Guatemala e impulsan estudios y propuestas de carácter político y técnico jurídico, con el fin de promover la modernización y la democratización de las instituciones de justicia y seguridad... participado activamente en la fiscalización de los procesos de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones y la Corte de Constitucionalidad...".

Carmen Aida Ibarra Moran en "Iniciativas de la Sociedad Civil para la Transparencia en el Sector Judicial". Fundación para el Debido Proceso Legal (The Due Process of Law Foundation). 2003. ISBN 0-9674696-3-5

Argentina

En el país austral la participación ciudadana en los procesos de selección de magistrados y jueces está regulado por los Decretos 222 y 588 de 2003. Básicamente, se presentan tres (3) momentos de intervención de la sociedad civil en tales procesos*:


"... Al iniciarse cada concurso público de antecedentes y oposición para un cargo de juez, el Consejo de la Magistratura de la Nación publica los nombres de los inscriptos para permitir que sean objetados. La práctica indica que en esta instancia son muy escasas las presentaciones realizadas objetando la participación de algún concursante.


(...) La segunda instancia de participación de la sociedad se abre al momento de tener que decidir el Poder Ejecutivo por un candidato, una vez recibida una terna desde el Consejo de la Magistratura; o una vez que nomina un candidato para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


(...) Finalmente, la tercera oportunidad de participación se da cuando el Senado recibe el pliego del postulado por el Ejecutivo. Se realiza entonces una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, en la cual se dan lectura a las opiniones favorables y las objeciones recibidas y se formulan las preguntas propuestas desde la sociedad civil y por los senadores para que las respondan los candidatos. Si bien en esta instancia decrece la participación, en comparación con la consulta impulsada por el Ministerio, no puede dejar de señalarse que es el único momento en el cual el candidato a juez responde de manera pública y directa a las objeciones y preguntas que se le formulan...".

*"Corrupción Judicial". Emilio J. Cárdenas y Héctor M. Chayer. Ed. La Ley. Buenos Aires. 2005. ISBN 950-9659-02-9

Venezuela

En la hermana República Bolivariana de Venezuela, el procedimiento constitucional y legal de selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia implica de suyo la activa participación ciudadana*:


"... El procedimiento de selección de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se efectuó de acuerdo con los principios constitucionales de publicidad y participación de la ciudadanía, y con la Ley especial para la Ratificación o Designación de los Funcionarios y Funcionarias del Poder Ciudadano y Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia para su Primer Período Constitucional... En este orden, la Asamblea Nacional como órgano de representación popular y facultada constitucionalmente..., designó una comisión integrada por quince de sus representantes, la cual actuó como comisión de evaluación de postulaciones, a los efectos de la ratificación o designación de los Magistrados. Dicha Comisión, a su vez, con el objeto de garantizar la participación ciudadana y así dar cumplimiento al texto constitucional, seleccionó una lista de doce representantes de los diversos sectores, entre los que se encontraban representantes de la sociedad civil, los Colegios de Abogados, Organizaciones Sindicales, juristas, Universidades, etc.


(...) Después, la plenaria de la Asamblea Nacional escogió definitivamente a seis representantes de la sociedad civil, quienes, a su vez, formaron parte de la Comisión para la designación de los Magistrados, teniendo derecho a voz y voto, y entre ellos el Presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela.


(...) Para reforzar y hacer plenamente efectivos los principios de publicidad y participación ciudadana, se formaron mesas de diálogo con representantes de los diversos sectores de la sociedad, con los cuales se consultaron y evaluaron las postulaciones recibidas, atendiendo al cumplimiento por parte de los aspirantes, de los requisitos establecidos en el artículo 263 de la Constitución...


(...) Cabe resaltar que la Asamblea Nacional, a través de una convocatoria pública, hizo el llamado a la ciudadanía en general para la participación en el proceso de designación, con el fin de que presentaran las listas correspondientes de los aspirantes que consideraban aptos para el cargo de Magistrado.


(...) Las postulaciones recibidas para la designación de los Magistrados, fueron objeto de un proceso público de difusión a los fines de que la sociedad pudiese respaldar u objetar cualquier postulación de los aspirantes seleccionados, tal como se hizo.


(...) Como resultado de dicho proceso de consulta pública, la Comisión de Designación elaboró la lista definitiva de postulados y la sometió a la consideración de la Asamblea Nacional, que como representante del pueblo venezolano, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y según lo establecido en la Ley Especial para la Ratificación o Designación de los Funcionarios y Funcionarias del Poder Ciudadano y Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, para su Primer Período Constitucional, en sesión extraordinaria del 20 de diciembre de 2000, designó por mayoría calificada a los Magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia.


(...) Por lo demás, la Comisión de Evaluación de Postulaciones, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 263, 264, 280, 284 y 288 de la Constitución, atendió (en la escogencia de los postulados) a sus condiciones de honorabilidad, competencia, reputación, ejercicio profesional, así como a las de su prestigio en el desempeño de funciones públicas o privadas...".

*Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (http://www.tsj.gov.ve/informacion/acuerdos/SIP.htm)


Estados Unidos

En el país del Norte el proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia comienza por la postulación de los candidatos por el Presidente de EE.UU., y el posterior y obligatorio "consejo y consentimiento" por parte del Senado.

La intervención ciudadana dentro del proceso se circunscribe básicamente al lobby que los grupos de activistas realizan ante el Presidente para lograr la nominación de los candidatos, y ante el Senado para obtener su anuencia o rechazo a los postulados. Históricamente, los candidatos postulados por el Presidente vienen de las huestes de su partido, pero una vez son elegidos en calidad de Juez Presidente (Chief Justice) o Jueces Asociados (Associate Justices), honran la Regla 7 del Código de Conducta para Jueces de los Estados Unidos, que los inhibe de participar en asuntos partidistas.

Caso aparte de investigación y evaluación de las competencias de los candidatos, no obligatoria pero si muy significativa y generalmente considerada, es la realizada por la American Bar Association que califica al aspirante como "muy cualificado", "cualificado" o "no cualificado".


Datos tomados de:

  • http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_los_Estados_Unidos
  • "Rutas para promover la independencia y la imparcialidad judicial" Oficina de Democracia y gobernabilidad - USAID. 2002. (Documento PN-ACM-009).