Jurisprudencia

 

CONSEJO DE ESTADO

Radicación número: 11001-03-28-000-2001-0011-02(IJ-026) 1001032800020010011001 Y 1100103280002001001101)

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Acción electoral de nulidad contra el acto administrativo por el cual el Senado de la República eligió al doctor Nilson Pinilla Pinilla como Magistrado de la Corte Constitucional el día 30 de mayo de 2006, contenido en la Gaceta del Congreso de la República No. 188 de 2006 y, subsidiariamente, contra el acto administrativo antes mencionado y contra el acto administrativo por el cual la Corte Suprema de Justicia conformó la terna para proveer el cargo de Magistrado de la Corte Constitucional compuesta por los doctores Nilson Pinilla, Rafael Méndez e Iván Palacio, contenido en las actas No. 8 y 9 de las sesiones ordinaria y extraordinaria de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia realizadas el 20 y 24 de abril de 2006, por vulneración de los artículos 1, 2 y 6 de la ley 581 de 2000, de los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Política, y del artículo 126 de la Constitución Política.

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SENTENCIA T-024 DE 2007 CORTE CONSTITUCIONAL

ACCIÓN DE TUTELA INSTAURADA POR LUIS CARLOS GONZÁLEZ VELÁSQUEZ CONTRA LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

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SENTENCIA C-351 1995 CORTE CONSTITUCIONAL

EDAD DE RETIRO FORZOSO - REGULACIÓN LEGAL

"No se le puede impedir al legislador cumplir con su función natural, bajo el argumento de que es la norma constitucional la que debe consagrar exhaustivamente lo referente a la edad del retiro forzoso. Argumentar que sólo la Carta puede determinarla es un despropósito, pues una Constitución no puede prever todos los asuntos susceptibles de ser regulados. Hay que recordar que lo que una Constitución debe contener, en esencia, son las normas fundamentales para la organización del Estado, las reglas generales para el funcionamiento y distribución de competencias entre los órganos del poder público, los principios básicos para el ejercicio y garantía de los derechos, tanto individuales como colectivos, dentro del Estado. Los argumentos en contra de los sesenta y cinco años como edad de retiro forzoso, pueden ser de conveniencia pero no de constitucionalidad. Esta Corte debe limitarse a estudiar la  constitucionalidad, de la norma sometida a su examen; no se trata de una función axiológica, sino netamente jurídica."

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