Lupa a elección de magistrados

Una campaña por la selección visible de candidatos a las altas cortes

Por Gloria María Borrero Restrepo*

Colombia es un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista. Eso significa, entre otras cosas, que para el desarrollo de nuestra democracia, en el día a día concurren -o deben concurrir- la aplicación de la ley y la participación de los ciudadanos en asuntos propios de la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.

De mocracia es participación. Y, cada vez más, el derecho de participación civil es garantizado para que los ciudadanos dispongamos de mecanismos apropiados que nos permitan intervenir, opinar, simplemente informarnos o ejercer control sobre las actuaciones y decisiones propias de la gestión pública.

Democracia es transparencia. La democracia sin transparencia es inocua, puesto que si se garantiza que el ciudadano participe, pero se le niega la posibilidad de conocer lo que hay detrás de la actuación, su intervención, opinión o control resultan inocuos o limitados.

La actividad de veeduría es una forma de participación de la ciudadanía que propugna la transparencia y la visibilidad de los procesos públicos y que no se opone al cumplimiento de la ley, ni prejuzga o limita la presunción de buena fe o de legalidad de las actuaciones de las autoridades públicas que los adelantan.

La administración de justicia es una función pública, cuyas actuaciones, por mandato de la Carta Política, son, por regla general, públicas. Y puesto que el nombramiento de magistrados es una actividad encomendada por la propia Constitución a las corporaciones de la Rama Judicial, también alcanza a esta posibilidad de participación ciudadana.

Al mismo tiempo, la participación ciudadana en los procesos de selección fortalece lo que los anglosajones expresan como accountability, expresión que implica y excede el concepto de "responsabilidad" que su transcripción literal sugeriría y que lleva a una forma de "rendición de cuentas", que es necesaria para la democracia moderna y aplicable a cualquier actividad pública.

Más aún, la democracia participativa es una forma de legitimación y validación de la actividad pública; por eso, la confianza que genera una visible, pública y adecuada selección de magistrados contribuye de manera significativa a la legitimidad de la justicia.

Con estas consideraciones, la Corporación Excelencia en la Justicia, que reconoce la alta investidura, la independencia y discrecionalidad de cada una de las instituciones involucradas en los procesos de elección de los magistrados de las altas cortes y que, al mismo tiempo, es voz, control y acción ciudadana en los temas de justicia, impulsa una veeduría que implica promover y monitorear los niveles de transparencia, visibilidad y publicidad en esas elecciones.

Esa veeduría conduce a que todos los ciudadanos por igual puedan acceder por lo menos a la siguiente información: el perfil específico aplicado a los cargos que se van a proveer; las hojas de vida de los postulantes a los mismos; el detalle del proceso que se sigue, y las políticas para el manejo de conflicto de intereses. Finalmente, a que dispongan de canales apropiados para que puedan aportar información relevante sobre los inscritos.

De esta manera, la Corporación y quienes con el mismo espíritu se han sumado a su campaña (la Corporación Transparencia por Colombia, EL TIEMPO, Legis-Ámbito Jurídico, Citytv, las revistas Cambio y Semana y El Heraldo de Barranquilla) esperan fomentar una participación ciudadana seria y objetiva que contribuya al desarrollo de la democracia que todos anhelamos y que signifique un aporte en el empeño colectivo de alcanzar la excelencia en la justicia.

*Directora Ejecutiva Corporación Excelencia en la Justicia

EL TIEMPO / 23 de febrero de 2007