En la guerra desatada entre Ejecutivo, Justicia y Congreso no habrá triunfador

Por Humberto de la Calle

Uno de los mecanismos de relojería más delicados en una Constitución es la separación de poderes en un escenario de colaboración armónica. Para que funcione se necesita una buena arquitectura constitucional, claro está. Pero hay otro elemento, intangible y a veces huidizo, que se relaciona con la compostura de los líderes. Tiendo a creer que la historia está regida primordialmente por elementos objetivos. Pero hay que aceptar que una configuración constitucional no escapa al talante de los hombres que en ciertos momentos puede ser definitorio.

Las últimas semanas han mostrado un panorama desolador. Las relaciones Congreso, Justicia y Ejecutivo no han recorrido siempre un camino de rosas. Pero los últimos acontecimientos ya son alarmantes. Las refriegas ahora son una verdadera guerra. Guerra en la que no habrá triunfador y, por el contrario, la derrotada será nuestra organización institucional.

Primero fue la inexplicable declaración del magistrado Yesid Ramírez sobre la posición del Gobierno favorable a la tutela contra sentencias. Además de decir que la Constitucional era una "corte de bolsillo", añadió que el Gobierno estaba pagando el favor de la primera reelección. La indignación presidencial era totalmente justificada.

Cuando comenzó a develarse el escenario terrorífico del crecimiento de mafias de criminales que se asociaron con poderes políticos para instaurar una verdadera narco-democracia regional, la Corte Suprema, para fortuna de los colombianos, reaccionó con la fortaleza y la valentía que aconsejaban las circunstancias. Nunca le agradecerá esta Nación, de manera suficiente, haber evitado una claudicación que hubiese sido fatal. Lamentablemente, cuando la singladura de la Corte llegó a tocar círculos cercanos al Ejecutivo, comenzaron biliosas movidas de parte y parte que alarman a la comunidad.

En el caso de la 'Yidispolítica', la Corte llegó a pedirle a la Constitucional que examinara la validez de la reelección, algo fuera de lugar. Tan exótico como la posibilidad de un cohecho cometido por uno solo de los sujetos comprometidos en el sucio negocio. A su vez, el entorno de movimientos alrededor de 'Tasmania' y el magistrado auxiliar Velásquez, mostraron ya que la ruptura entre Corte y Ejecutivo había rebasado todo límite razonable, hasta arribar a la denuncia penal de Uribe contra el presidente de la Corte Suprema, la denuncia del ministro Palacio contra esta por prevaricato y la estrambótica propuesta del Presidente de convocar un referendo para derrotar el llamado complot de la Corte.

Las 'chuzadas' del DAS a magistrados, dirigentes, periodistas y funcionarios, frente a las cuales las cortes al unísono han reclamado mayor acción del Presidente, solo fueron el prólogo de extrañas decisiones de la Unidad de Análisis Financiero (UIAF). En efecto, cuando se creó este instrumento contra el lavado de activos, que encarnaba un paso audaz porque virtualmente hacía desaparecer la reserva bancaria en beneficio de un organismo del Ejecutivo dependiente del Ministerio de Hacienda, no pocos defendimos la idea con el argumento de que sería una institución muy seria y rodeada de controles. Pero el doctor Aranguren sorprendió negativamente cuando declaró que había dado información sobre algunos magistrados al director de Contrainteligencia del DAS, con el pretexto de que cumplía órdenes judiciales, olvidando que ese funcionario carece de jurisdicción.

A comienzos de esta semana la UIAF volvió a la carga, sin parar mientes en que su director está sujeto a rendir declaración ante la Fiscalía por ese hecho, y que ahora anuncia de manera ambigua, que hace seguimiento a operaciones sospechosas de magistrados pero que, en virtud de la reserva, no da más información. Es la peor forma de la difamación. Que los magistrados expliquen y, si son culpables, que paguen. Lo que no puede suceder es que una dependencia del Ejecutivo, que sigue órdenes del Ministro de Hacienda y este, a su vez, del Presidente, ahora incrimine prácticamente a todas las cortes y luego se escude en la reserva para dejar el asunto en un territorio nebuloso.

La inefable Comisión de Acusaciones, con plena autoridad legal pero con menguado prestigio, reclama airada el expediente. Una Comisión que ha dado tantas muestras de ineficacia, sale ahora presurosa sin que sepamos si su verdadero afán es recibir en bandeja de plata la cabeza de los magistrados, mientras la Corte los investiga uno a uno por conductas diversas, y masivamente por el voto del referendo. Apertura de investigación por parte de la Corte que, aún ceñida como todo este tinglado a la letra de la ley, deja también el amargo sabor de que estamos en el desenfrenado baile de "tongo le dio a borondongo".

Un país sin referentes, en medio de una zambra que evoluciona hacia una guerra institucional de grandes proporciones. Podría pensarse en fórmulas constitucionales. En reformas para crear nuevos órganos que nos saquen del círculo vicioso que implica que Congreso y cortes se investiguen mutuamente. Pero no es el momento. No hay que buscar los problemas en los textos. Es en la grandeza de los hombres públicos donde está el Norte.

En medio de este escenario, solo resta decir que, aun entendiendo la congoja y, quizás, el desagrado que le produce verse envuelto en investigaciones que le tocan tan cerca, es el Presidente de la República, en su condición de Jefe del Estado y símbolo de la unidad nacional, quien debe sobreponerse a este mar de reyertas y despejar el camino.

Una primera muestra de sindéresis, y posiblemente la más contundente, sería la conformación de una terna impecable para Fiscal General. Nadie puede pedirle al Jefe del Estado que lleve allí a sus enemigos. Pero en esta coyuntura histórica le corresponde al presidente Uribe señalar a juristas independientes e insospechables. Este podría ser un camino para comenzar a normalizar una situación que ahora resulta insoportable.


Cambio / 12 de junio de 2009