Corte Suprema le mete transparencia a la elección de Fiscal

JUSTICIA: El Alto Tribunal estableció unos mecanismos para que quien reemplace a Mario Iguarán sea escogido de cara al país.

La Corte Suprema de Justicia adoptó esta semana tres decisiones de la mayor transcendencia para asegurarse que la elección del nuevo Fiscal General de la Nación se haga con la mayor claridad frente al país.

La primera es solicitar al Presidente que le envíe la terna de candidatos lo antes posible para que la sociedad y los magistrados tengan tiempo de conocer bien las trayectorias de los aspirantes y seleccionar a la persona más idónea posible para el que quizás es el cargo más poderoso de la Justicia en Colombia.

El período del actual fiscal Mario Iguarán vence el próximo 31 de julio, y el 1 de agosto ya debería estar nombrado su sucesor. Por eso la Corte considera que si el gobierno envía la terna muy cerca a esa fecha, pondrá una enorme presión sobre los magistrados para que escojan a toda velocidad al Fiscal. O incluso se puede correr el riesgo de que el 1 de agosto no esté elegido el nuevo Fiscal, y quede encargado el actual Vicefiscal, quedando en sus manos enormes decisiones relacionadas con la ‘yidispolítica', los ‘falsos positivos', las ‘chuzadas' del DAS a la oposición, entre otras.

La segunda decisión es la de hacer una audiencia pública televisada para que los candidatos posibles debatan sus puntos de vista. Aunque han echado a rodar muchos nombres, y el Presidente, que es quien debe seleccionar la terna suele siempre sorprender con personas que nunca habían sonado, se está hablando de varios candidatos entre ellos, Camilo Ospina, ex embajador de Colombia ante la OEA y ex ministro de Defensa; Rodrigo Rivera, ex senador liberal cercano al oficialismo uribista; Clara Inés Vargas, ex magistrada de la Corte Constitucional; Marilú Méndez, actual directora del CTI; y últimamente también se ha incluido el nombre de Diego Corredor, reputado profesor de derecho penal de la Universidad Externado.

Si el presidente Uribe se decide pronto, el país podrá evaluar los candidatos, analizar a fondo sus capacidades, trayectoria y liderazgo, para que la Corte tenga todos los elementos posibles para tomar una decisión acertada.

El próximo Fiscal General tendrá en sus manos a dificilísima tarea de llevar a buen puerto los procesos de Justicia y Paz, garantizando que los responsables de crímenes de lesa humanidad sean beneficiarios de penas alternativas sólo en la medida en que efectivamente contribuyan a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de las víctimas. Así mismo tendrá que continuar las investigaciones de los políticos que se valieron del terror paramilitar para conseguir ventajas electorales o económicas y castigar a los que resulten culpables. Y por últimos, tendrá que velar para que los derechos de las víctimas se cumplan.

La Justicia Internacional estará observando, y ya es claro que si aquí reina la impunidad, serán la Corte Penal o la Corte Interamericana la que venga a impartir justicia aquí.

La tercera decisión de la Corte es hacer valer sus propios reglamentos internos, y no permitir que se hagan audiencias individuales entre posibles candidatos y magistrados. Al parecer, algunos de los que están convencidos que pueden ser fiscales, ya han estado reuniéndose con magistrados para ganarse su voto, y ese es el tipo de práctica que la Corte quiere evitar.

Les queda al Presidente y al Corte 43 días para cumplirle al país con esta delicada misión.

Semana / 17 de junio de 2009