Se busca un Fiscal

EN 33 DÍAS CONCLUYE LA GESTIÓN del abogado Mario Iguarán Arana como Fiscal General de la Nación y hay suficiente tiempo para hacer el balance de las luces y sombras de su gestión.

Pero lo que no da espera es saber quién va a reemplazarlo. Hoy por hoy, en medio de un inconcebible enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno, con decisiones cruciales que atraviesan los escenarios políticos y judiciales, esta decisión se vislumbra como la más importante para el futuro inmediato de la sociedad y el Estado con sus poderes públicos.

Con un ingrediente que hace aún más crucial esta determinación: la terna de aspirantes la postula el Presidente y la elige la Corte Suprema de Justicia. Que mejor oportunidad para que las cabezas de estos dos poderes, de cara a la Nación y superando sus resquemores y diferencias, le den a la sociedad el mejor ejemplo escogiendo al colombiano idóneo para orientar el ente investigador entre 2009 y 2013. No es poco lo que está en juego con este nombre. En buena medida de su carácter y sapiencia dependen muchas acciones para fortalecer la credibilidad de nuestra democracia.

Como se deduce de la Constitución Política, se requiere un abogado con las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema. No necesariamente un penalista, pero en el escenario actual, esa sería la especialización primordial. Demás está decirlo, que su trayectoria profesional no tenga tachaduras o sesgos personales o políticos. En otras palabras, un jurista con demostrada experiencia, reconocimiento público y, lo más importante, que constituya prenda de garantía para una sociedad que necesita confiar en su justicia como un valor supremo y necesario.

No cabe duda de que a pesar de los esfuerzos, y en más de una ocasión sacrificio de nuestros administradores de justicia, un talón de Aquiles de nuestra democracia sigue siendo la impunidad. Con desazón se reciben decisiones que dejan libres a peligrosos sindicados por tecnicismos o argucias. Duele constatar cómo regresan del pasado los graves crímenes que nunca se resolvieron y retornan entre la confusión de los testigos dudosos y los acusados inmunes. Crea desaliento comprobar que los violentos distraen o retardan la acción de la ley para seguir ocultando sus excesos.

Por eso, además de un curtido profesional que entre a resolver espinosos casos como la continuidad de la parapolítica, la yidispolítica, los falsos positivos, las interceptaciones ilegales en el DAS o el caso DMG, se busca un abogado que tenga conocimiento de la historia reciente de Colombia. En estrados tales como la Ley de Justicia y Paz o la reapertura de los expedientes imprescriptibles, no puede obrarse por el impulso mediático. Es necesario que se contextualice el material probatorio y que los investigadores obren con la orientación de un Fiscal que tenga clara nuestra tragedia.

No es fácil y las presiones son incontables. Algunos quieren que sea un Fiscal que complemente al Gobierno, otros que le haga la segunda a la Corte Suprema, y unos cuantos más que permita a los grandes pool de abogados seguir equilibrando sus procesos. Pero el grueso de la sociedad, ese que está al margen de los círculos de poder, lo que espera es un Fiscal General de la Nación con demostrada probidad, mesura y carácter. Ojalá muy distante de los apetitos políticos y en lo posible convencido de que la recta justicia es el camino fundamental que necesita Colombia.

El Espectador / 30 de junio de 2009