Criterios no tan claros

A una semana de haber sido escogido por el Congreso en pleno de una terna enviada por la Casa de Nariño, la elección de Ovidio Claros para la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se ha vuelto un dolor de cabeza. Este diario ha revelado tanto la demanda por 3.800 millones de pesos del nuevo magistrado contra el Estado, así como un proceso por alimentos y por fraude en su contra, interpuesto por su ex esposa.

En momentos en que el Gobierno y el Congreso discuten los términos de una reforma de la Justicia, el proceso de nominación y elección de los magistrados de las controvertidas salas del Consejo Superior explican por qué llegan a las altas cortes personajes con unas hojas de vida que dejan mucho que desear.

Para los ciudadanos no son nada claros los criterios con que se elaboran las ternas, ni hay transparencia en la forma como son elegidos. Y eso es preocupante cuando se trata de magistrados que deben tener una trayectoria que aguante el más duro de los escrutinios públicos.

Todo parece indicar que el presidente Uribe ha dejado colar en las ternas a colombianos que no reúnen las exigentes condiciones que debería cumplir quien aspira a llegar a los más altos estrados de la Justicia. Y ha delegado esa responsabilidad en algunos de los partidos de su coalición que, con evidente voracidad, le entregan los nombres de candidatos sin que importe mucho si no están a la altura del cargo o si tienen problemas con la Justicia o si inclusive han mostrado un patrón sistemático de no respetar la ley en algo tan delicado como la responsabilidad que tiene todo padre con sus hijos después de una separación, como es el caso del magistrado Claros.

Este caso no es único. Está la pasada elección de Angelino Lizcano, ex gerente de la licorera del Caquetá, quien antes de entrar a la sala disciplinaria se desempeñaba como secretario general de la Cámara de Representantes, donde fue protagonista del trámite de controvertidos proyectos de ley.

La captura de estos procesos de elección de magistrados por la politiquería es tan grande, que un Presidente atento al detalle y defensor de los valores familiares como Uribe termina por respaldar a un padre irresponsable. A este le cabe responsabilidad en la polémica nominación del hoy magistrado Claros y del resto de miembros de esa sala.

El problema de fondo es el grado de politiquería, de clientelismo y de pago de favores al que ha llegado el sistema de elección de los magistrados de las altas cortes. Que no es de ahora, pero que se ha agravado con el paso del tiempo.

Una eficiente administración de justicia -de la que hoy carece Colombia- es la perjudicada con esta alianza entre los políticos y el Ejecutivo. Todos son responsables: partidos, Presidente y congresistas. Hoy, el Congreso escogerá otro miembro de la Sala Disciplinaria de una terna enviada por el Presidente, cuyo sesgo político es un secreto a voces. No hay muchas esperanzas de que los parlamentarios escojan al más preparado, si lo hay. O de que al menos hagan público los criterios de selección.

El tema adquiere una especial trascendencia ahora que se avecina el reemplazo de seis de los nueve magistrados de la Corte Constitucional y de varios magistrados del Consejo de Estado y el Consejo Superior. Otra razón más para que iniciativas de seguimiento como la coalición Elección Visible reciban la atención necesaria tanto de los ciudadanos como de los nominadores.

Mientras llegan las reformas necesarias, se requieren más transparencia y rendición de cuentas en la selección de los magistrados.

Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

El Tiempo /10 de septiembre de 2008