• Corte Suprema de Justicia

    Se está haciendo seguimiento a la elección de una vacante para la nueva Sala de Instrucción, dos vacantes para Sala de Casación Laboral y dos vacantes para Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

  • Consejo de Estado

    Se está haciendo seguimiento a la elección de magistrados/as para proveer una vacante de la Sección Primera y tres vacantes de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

  • Seguimiento

    Hacemos seguimiento a los procesos de nominación y elección de magistrados de las altas cortes y otros altos dignatarios de la justicia.

  • Las personas más idóneas

    La administración de justicia debe ser conducida por las personas más idóneas, reuniendo calidades humanas y profesionales inmejorables.

  • Transparencia

    Abogamos por la incorporación de los más altos estándares de transparencia a través de procesos de acompañamiento y observación independientes del gobierno, de la Rama Judicial, de los partidos políticos y de los intereses privados.

  • Participación

    Reconocemos la importancia de la participación ciudadana y de los medios de comunicación en la veeduría de estos procesos.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

SEGUIMIENTOS

Corte Suprema quebrantó exigencias de mérito para elegir a Ricaurte

A partir de este jueves, Francisco Javier Ricaurte tendrá que dejar su silla de magistrado en el Consejo Superior de la Judicatura.

Tras varias semanas de dilación, este miércoles terminaron de recogerse, en el Consejo de Estado, las firmas necesarias para notificar a Ricaurte de la histórica sentencia que acaba con la 'puerta giratoria' en las altas cortes.

El fallo, conocido por EL TIEMPO, señala que al elegir en el 2012 a Ricaurte, recién salido de su Sala Laboral, "la Corte Suprema de Justicia pasó por alto el principio de participación democrática amplia". "La elección y confirmación del doctor Ricaurte quebrantaron exigencias de mérito e igualdad en acceso a altos cargos públicos, propiciaron la acumulación y concentración del poder en unos pocos, y dieron lugar a prácticas indebidas, como el conflicto de intereses y el clientelismo".

Ricaurte y el también expresidente de la Corte Suprema Pedro Munar saltaron en el 2012 a la Sala Administrativa de la Judicatura, en un polémico proceso que dio lugar a varias demandas. El argumento principal, que acogió el Consejo de Estado, fue que Ricaurte, como miembro de la Corte, eligió a magistrados de la Suprema que, a su vez, fueron los que lo llevaron a la Judicatura por elección directa, es decir, la práctica del 'yo te elijo, tú me eliges'.

El Consejo de Estado decidió que la Corte violó gravemente lo ordenado en el artículo 126 de la Constitución, que prohíbe que servidores públicos elijan a familiares de otros servidores o funcionarios que participaron en su propia selección. Dice el fallo que, si esa limitante aplica a familiares, con más veras es obligatoria sobre los funcionarios del Estado.

En el caso de Ricaurte –el de Munar está por decidirse–, se comprobó que como magistrado eligió en la Corte a 18 de sus colegas. De ellos, 15 votaron por él para llenar la vacante.

En el proceso se demostró además que, "sin mediar justificación alguna", la Corte Suprema dilató la elección de los magistrados de la Judicatura, para darle tiempo a la salida de Ricaurte y Munar: "La fecha para elegir el reemplazo era el 8 de agosto de 2012. No obstante, la elección no tuvo lugar, pues el proceso se prolongó sin mediar justificación alguna. Unos días más tarde finalizó el periodo del magistrado Ricaurte y su elección tuvo lugar el 13 de noviembre, pese a que no inscribió su aspiración y dejó de lado las personas inscritas".

Y agrega: "Ricaurte participó en la selección, en la inscripción, en la entrevista, en las votaciones iniciales para elegir el reemplazo del doctor Francisco Escobar Henríquez, cargo al que luego él fue postulado oficiosamente". Por eso, la sentencia señala que las reglas de juego utilizadas en el caso de Ricaurte "quebrantan la igualdad y la transparencia en el acceso a cargos de alta responsabilidad el Estado colombiano".